Contención urbanística y falta de vivienda

La ratificación, por parte del Parlament, del decreto que limita las autorizaciones de nuevas urbanizaciones y la construcción en suelo rústico tiene como uno de sus objetivos la intervención en uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos de las Islas: el encarecimiento del precio de la vivienda. Las medidas han sido criticadas, además de por los grupos de la oposición, por los constructores y promotores, los cuales consideran que éstas acabarán teniendo el efecto contrario al que se persigue debido, entre otras razones, a la obligada reducción de la oferta inmobiliaria a medio y largo plazo.

Un problema complejo.

Llama la atención que en el tramo final de la segunda legislatura en el poder, el Govern progresista actúe con tanta premura frente a un problema que no se puede considerar inédito o sobrevenido. La escalada de precios de la vivienda es un fenómeno que se arrastra en Balears desde hace más de una década, tiempo en el que las medidas adoptadas para tratar de paliar su efecto entre la población residente han fracasado. La realidad del mercado inmobiliario en las Islas responde a múltiples factores, desde la evolución de la economía en determinados países hasta la escasez de suelo disponible para construir nuevas viviendas; tanto en áreas urbanas como en rústico. Nada indica que el decreto convalidado vaya a resolver el problema.

Ordenación coherente.

El urbanismo en Balears requiere de una ordenación actualizada, acorde con las necesidades reales de la ciudadanía y no normas que dejan para una reducida élite el disfrute de una propiedad en el campo. Las leyes del mercado no cambiarán con la mera expresión de un deseo político, por razonable que sea. La acción pasa por la inversión pública en vivienda protegida y por normas que permitan rentabilizar el suelo urbanizable y regulen con criterios de sostenibilidad la construcción en rústico.

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